Un geriátrico que funcionaba sin habilitación en Ezeiza fue clausurado luego de una inspección de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) que detectó múltiples vulneraciones de derechos, malas condiciones de alojamiento y deficiencias en la atención de las personas mayores que residían allí.
Clausuraron un geriátrico clandestino en Ezeiza tras detectar graves irregularidades
Una inspección detectó graves vulneraciones de derechos, malas condiciones de alojamiento y falta de controles en un hogar de Ezeiza.
09 de junio de 2026 - 08:28
El establecimiento, denominado "La casita de Cloe", estaba ubicado en la calle Virgen de Itatí 1350. La intervención comenzó a partir de una denuncia realizada por familiares de una persona alojada en el lugar, quienes advirtieron sobre un ingreso irregular y distintas situaciones que afectaban a los residentes.
La CPM, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, realizó una inspección el 13 de mayo. Durante la recorrida entrevistó a las personas alojadas y a la propietaria de la vivienda y responsable del funcionamiento del lugar.
Geriátrico clandestino en Ezeiza: las irregularidades detectadas
Según informó la CPM, durante la inspección se constató la ausencia de documentación vinculada a habilitaciones, historias clínicas o registros centralizados de los residentes. La encargada indicó de manera verbal que en ese momento había diez personas alojadas.
Las irregularidades relevadas fueron incluidas en un habeas corpus colectivo y correctivo presentado el 14 de mayo ante el Juzgado de Familia N° 6 de Lomas de Zamora.
De acuerdo con el organismo, la responsable del lugar explicó que había iniciado trámites para obtener habilitaciones municipales y provinciales, pero que no pudo completar los requisitos exigidos, entre ellos análisis de agua y medidas de seguridad solicitadas por Bomberos. También señaló que no contaba con recursos económicos para afrontar esos costos.
La CPM informó además que distintas mujeres del barrio colaboraban con tareas de limpieza, higiene y asistencia de las personas alojadas sin ningún tipo de formalización laboral.
La propia propietaria realizaba gran parte de las tareas cotidianas, como compras, cocina, lavado de ropa, administración de medicamentos, cambio de pañales, controles clínicos, contacto con familiares y llamados a servicios de emergencia, todo ello sin registros documentales ni supervisión médica.
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Traslado de los adultos mayores y clausura del hogar
Entre las situaciones detectadas, la CPM enumeró la falta de habilitación municipal y provincial, condiciones materiales consideradas indignas e inhumanas, alimentación deficiente y presencia de productos en mal estado de conservación.
Además, señaló que existían antecedentes de intervención de organismos públicos, incluido PAMI, cuyos servicios de emergencia habían concurrido en reiteradas oportunidades al lugar por distintos llamados.
El organismo también registró situaciones de malos tratos y violencia verbal, falta de atención médica y ausencia de actividades recreativas y ocupacionales para las personas mayores.
Toda la documentación fue evaluada por el Juzgado de Familia N° 6 de Lomas de Zamora, a cargo del magistrado suplente Omar Armando Velázquez, quien realizó una constatación directa en el establecimiento junto con representantes del Municipio de Ezeiza.
Como resultado de esa intervención, el expediente fue recaratulado de habeas corpus a control jurisdiccional de internación. En ese marco, el juez dispuso el traslado urgente de los diez residentes al Hospital Interzonal Dr. Eurnekian de Ezeiza para que fueran evaluados por profesionales de la salud y se determinara el abordaje correspondiente para cada caso.
Por su parte, el Municipio de Ezeiza, a través de la Secretaría de Ingresos Públicos y Desarrollo Industrial, procedió a la clausura del establecimiento por falta de habilitación en el registro comercial.
Controles estatales sobre hogares para adultos mayores
Desde la CPM señalaron que el caso expone la necesidad de fortalecer los controles estatales sobre este tipo de establecimientos destinados al alojamiento y cuidado de personas mayores.
El organismo advirtió que este tipo de situaciones afectan especialmente a personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y reiteró la necesidad de garantizar mecanismos de supervisión adecuados para prevenir vulneraciones de derechos y asegurar condiciones de atención acordes.
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