El conflicto que atraviesa al Instituto Almafuerte de 9 de Abril sumó ahora la versión de los herederos de Orlando Antonio Pintos, uno de los socios de la institución fallecido en 2011. A través de un comunicado, la familia salió a responder a las últimas publicaciones sobre la situación judicial del colegio.
Conflicto del Instituto Almafuerte de 9 de Abril: el comunicado de los herederos de Orlando Pintos
La familia del socio fallecido reconstruyó el origen del conflicto que derivó en una causa judicial por la disolución de la sociedad de hecho. Dicen que les querían dar un Renault 21 modelo 92.
02 de octubre de 2026 - 19:48
El Instituto Almafuerte, ubicado sobre Restelli 1555, funciona desde 1960 y actualmente cuenta con unos 1.400 alumnos entre los niveles inicial, primario y secundario. La institución atraviesa un conflicto judicial luego de que la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora ordenara la disolución de la sociedad de hecho que administra el establecimiento a partir del 31 de diciembre de 2026. La causa tramita en el Juzgado Civil y Comercial N°2 de Lomas de Zamora.
La familia de Orlando Pintos cuestionó la versión del Instituto
En su comunicado, los herederos remarcaron el protagonismo que tuvo Pintos en la historia del establecimiento. “No vamos a explicar aquí quién fue Orlando Pintos y el grado de protagonismo que tuvo para que este establecimiento fuera lo que es hoy. Solo decir que era propietario del 30% del Instituto y hasta junio de 2011 todos formábamos la ‘familia Almafuerte’”, expresaron.
En ese sentido, reconstruyeron una situación ocurrida a fines de la década del 90. Según relataron, Orlando y su esposa, Reina, entregaron para saldar deudas “el único departamento que tenían como bien familiar”, un cuatro ambientes ubicado en San Fernando. “Con la promesa de que se les restituiría por una propiedad en la zona más adelante, cosas que se decidían ‘en familia’ con Motta y Falzarano”, afirmaron.
Pero, según los herederos, todo cambió después de la muerte de Pintos. “Al mes de su fallecimiento todo cambió, comenzaron una seguidilla de actos hostiles hacia nosotros”, sostuvieron. Entre esos episodios mencionaron que “cambiaron las contraseñas de computadoras prohibiendo que las tuviéramos”, que les prohibieron “tocar cualquier papel o comprobante referido al Instituto” y que tampoco podían ingresar a reuniones con el contador. “Claramente nos mostraban disgusto”, afirmaron.
La familia relató que, ante esa situación, consultaron a las actuales administradoras sobre lo que estaba ocurriendo. “Al preguntar qué pasaba, Carmen Motta y Ana Falzarano nos dijeron que simplemente no nos querían allí”, señalaron.
Según su versión, en aquella conversación también les plantearon que, si querían recibir una herencia, les correspondían “un terreno y un Renault 21 modelo 1992 que estaban a nombre de Orlando” y que, como Motta y Falzarano eran dueñas del 70%, “eran decisiones tomadas”.
“Así, en febrero de 2012 nos retiramos del lugar y nos mudamos a Santiago del Estero, esperando que el tiempo pudiera ordenar ese caos totalmente incomprensible para nosotros y no volvimos a tener injerencia en ninguna acción o decisión del Instituto”, expresaron.
Los herederos aseguraron que, pese al retiro, durante los años siguientes intentaron encontrar una solución por fuera de los tribunales. “Durante los siguientes cuatro años buscamos distintas formas de diálogo, pero siempre ofertaban menos del 10% del valor real y con pago a plazos”, afirmaron. “Fue así que recién en 2016 decidimos tomar el único recurso que nos quedaba, iniciar un proceso judicial”, agregaron.
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“Queremos la continuidad del Instituto”
Pese al conflicto, los herederos remarcaron que su intención no es que el colegio cierre sus puertas. “El Instituto Almafuerte fue el gran sueño de nuestro padre y por supuesto queremos su continuidad, por la comunidad, y hasta porque muchos de nuestros afectos aún forman parte del personal que lo sostiene”, expresaron.
La postura del Instituto Almafuerte
Desde el Instituto Almafuerte sostienen que el objetivo principal es garantizar la continuidad de la institución y evitar que el conflicto societario afecte a los alumnos, sus familias y los trabajadores.
Lucas Pinto, representante legal del colegio, explicó a El Diario Sur que la resolución judicial establece la disolución de la sociedad de hecho, pero que actualmente trabajan para encontrar una alternativa que permita mantener la actividad educativa. “El juez debe resolver la liquidación de una sociedad comercial, pero que no implique dejar a los chicos en la calle sin sus vínculos de toda la vida”, sostuvo.
En ese sentido, señaló que “sanamente la opción más beneficiosa para toda la comunidad” es encontrar una salida que permita que el colegio siga funcionando, aunque advirtió que “los tiempos que maneja la Justicia para resolver no son expeditivos”.
Desde la institución también remarcaron que “es un caso totalmente contrario a los que se dan a conocer en los que un colegio quiere cerrar sus puertas” y que el Instituto Almafuerte “quiere continuar formando a la comunidad educativa de 9 de Abril como hace más de 60 años”.